Publicado el 6 de mayo de 2020
Estamos muy contentos de presentar el quinto #COVIDByte, sobre la importancia de los temporeros para mantener la actividad agrícola durante la crisis de la COVID-19
Uno de los principales retos que tiene que afrontar el sector agroalimentario durante la crisis del COVID es la falta de mano de obra para trabajar en la campaña de recogida de fruta, lo que podría hacer perder mucha de la producción de esta temporada. El cierre de fronteras y las restricciones en la movilidad dificulta la contratación de trabajadores del campo, muchos de ellos de origen extranjero. No es un problema único de España, sino que varios países de la Unión Europea han estado advirtiendo de esta problemática, pidiendo no cerrar las fronteras europeas y dar facilidades para la contratación.
Recogiendo estas reivindicaciones, el 7 de abril se aprobaba el decreto 13/2020 para fomentar el empleo agrario durante la crisis sanitaria. En él se establecía que tanto trabajadores que estuvieran cobrando prestación por desempleo como migrantes con permiso de trabajo pero que caducara durante el estado de alarma, podían ser contratados como jornaleros, así como los jóvenes migrantes entre 18 y 21 años que tengan permiso de residencia. Se estima que el sector agrario emplea a 300.000 asalariados, por lo que, en regiones como Aragón, organizaciones agrarias como UAGA pusieron en marcha una bolsa de trabajo cuando previeron el problema que se avecinaba. Como informaba el Heraldo de Aragón, a mitad de abril ya se habían inscrito 3.500 personas, de las cuales el 95% son trabajadores extranjeros y el 93% sin permiso de trabajo, lo que dificulta la contratación y no resuelve el problema. Además, aunque de manera general el número de solicitudes de nacionalidad española ha aumentado, muchas de esas personas no cuentan con experiencia previa en este sector, lo que dificulta su incorporación al requerir de un periodo de formación y aprendizaje.
La crisis sanitaria en el campo no solo limita la contratación de personal, sino que también conlleva la adaptación del ritmo de trabajo a las condiciones higiénicas y de seguridad, como el uso de mascarilla y manteniendo las distancias mínimas entre trabajadores durante la jornada. Asimismo, se observan problemas con el transporte y el alojamiento. Para paliarlo, el gobierno de Aragón, ha puesto a disposición de los trabajadores transporte gratuito desde las principales ciudades con el objetivo de reducir la movilidad al máximo y la pernoctación cercana a las fincas.
Toda esta situación ha puesto de relieve la dependencia del sistema agroalimentario actual de unos trabajadores, mayoritariamente migrantes, que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad y precariedad. Su desprotección contrasta con la importancia que tiene su rol para asegurar el correcto funcionamiento de la cadena de suministro de esos productos. Esto lo han denunciado algunos colectivos de jornaleros que reivindican una mejora en sus condiciones de trabajo y acceso a la vivienda, así como mayor protección y seguridad para trabajar durante la pandemia. Además, algunas organizaciones temen que, después del estado de alarma, muchas de las personas incorporadas pierdan el trabajo y la posición de “legalidad” que el decreto les otorga; por tanto, piden que se puedan extender los permisos de trabajo durante más tiempo.
La serie completa de los #COVIDBytes:
0. Introducción (13 de abril)
1. COVIDByte #1 (14 de abril)
2. COVIDByte #2: Ayudas al Sector (22 de abril)
3. COVIDByte #3: Cambios en el Consumo (28 de abril)
4. COVIDByte #4: Impacto en los Precios (28 de abril)
5. COVIDByte #5: La Importancia de los Temporeros (6 de mayo)
6. …/